Auditoría total detecta riesgos fiscales por más de US$ 9.200 millones en el Gobierno

El informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) reveló graves falencias administrativas, pagos postergados y compras cuestionadas en más de 500 servicios públicos. Cuatro reparticiones ya están bajo investigación.

Una verdadera crisis política y financiera sacude al Ejecutivo tras conocerse los resultados de una “auditoría total” realizada al aparato estatal para el período 2022-2026. El masivo cruce de información detectó alertas de riesgo fiscal que superan los US$ 9.200 millones, dejando al descubierto graves ineficiencias y posibles irregularidades que podrían derivar en acciones penales.

El proceso, liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), analizó más de 913 millones de datos provenientes de 500 servicios públicos. Al respecto, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, reconoció la existencia de “errores, inconsistencias, mala gestión y debilidades estructurales de control”, asegurando que ya se derivaron los antecedentes correspondientes ante eventuales delitos.

Los focos críticos del descalabro financiero

El informe detalla diversas anomalías administrativas que configuran el millonario riesgo fiscal, entre las que destacan:

 Pagos postergados (US$ 3.200 millones): Esta cifra, que equivale a cerca del 1% del PIB nacional, arrastra obligaciones pendientes con la gratuidad universitaria, proveedores del sistema de salud, la Junaeb y miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) proveedoras del Estado.

 Abuso de tratos directos (US$ 3.170 millones): Se identificaron compras vía trato directo o modalidad “compra ágil” que debieron realizarse mediante licitaciones públicas. Esta falta de competencia generó un sobrecosto estimado de US$ 760 millones. Las entidades con mayores montos cuestionados en este ítem son Cenabast, el Registro Civil y múltiples hospitales públicos.

 Licencias médicas (US$ 150 millones): Fondos públicos que se encuentran pendientes de recuperar por concepto de subsidios asociados a licencias del personal estatal.

 Otras irregularidades: Rendiciones de cuentas incompletas, millonarias subejecuciones presupuestarias, contratos incumplidos y entrega de recursos a entidades no inscritas correctamente.

Organismos bajo la lupa e investigaciones

Frente a la gravedad de los hallazgos, el Ejecutivo anunció la instrucción inmediata de investigaciones y sumarios en cuatro organismos clave del aparato estatal:

1 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)

2 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

3 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

4 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)

El caso ya genera fuertes repercusiones políticas, mientras el oficialismo busca contener el impacto de lo que analistas y parlamentarios comienzan a calificar como uno de los mayores desafíos de gestión y probidad de la presente administración.