Nacional
BULLYING EN EDUCACIÓN SUPERIOR: PREPARAN PROYECTO DE LEY PARA QUE INSTITUCIONES TENGAN PROTOCOLOS
Yo nunca lo hablé hasta que explotó el año pasado (…) explota con una ideación suicida”.
En contraste a los protocolos y campañas para evitar el bullying en la etapa escolar, el acoso en la educación superior es un tema poco comentado en Chile. Estas situaciones no solo ocurren entre pares, sino también en relaciones asimétricas como profesor-alumno y viceversa.
La normativa que existe para sancionar el acoso, la Ley N°21.369, está enfocada en agresiones por motivo de género, dejando otras causas sin sanción legal, más allá de los posibles reglamentos que tenga cada institución.
En este marco, la estudiante Francisca López, cuya casa de estudios se mantuvo en reserva a petición suya, busca crear conciencia sobre el bullying en la educación superior. “Yo viví bullying por mucho tiempo. Nunca hice una denuncia formal. Lo mío era una cosa que estaba ocurriendo en espacios políticos, estaba ocurriendo con profesores. Yo nunca lo hablé hasta que explotó el año pasado (…) explota en estricto rigor con una ideación suicida”, detalló.
Como consecuencia, acudió a la Confech, donde escuchó otras historias que evidenciaban la falta de protocolos para estos casos. En respuesta, pretende crear conciencia de esta realidad. “No solamente desde el punto de vista del Estado, sino también desde las Universidades”, acotó a BioBioChile.
Proyecto de ley sobre el acoso en la educación superior
Justamente en este contexto se gesta un proyecto de ley que busca obligar a las entidades a contar con protocolos para enfrentar estas situaciones, las que muchas veces terminan perjudicando la salud mental de las víctimas.
La iniciativa la lidera el diputado Tomás Lagomarsino. El independiente explicó a BioBioChile que el proyecto “nace producto de una serie de denuncias que me han llegado”, entre ellas la de Francisca.
El parlamentario señaló que los testimonios los escuchó no solamente en su calidad de diputado, “sino también antes, cuando ejercía como médico y como estudiante de medicina, respecto al bullying tanto universitario como laboral que existe en nuestro país, sobre todo relacionado al área de la salud”.
Calificando los hechos como “inaceptables”, Lagomarsino argumentó que inicialmente enfocarán la redacción en dicha área. Esto apuntando a que desde la etapa de educación superior los futuros profesionales son hostigados al iniciar etapas “formativas” en internados y pasantías hospitalarias.
En la misma línea, el independiente señaló que buscan extrapolar la normativa al trabajo, considerando posibles suicidios a raíz del acoso laboral. Tal es el caso de Karin Salgado, tens del Hospital Chillán, Vanessa Araya, enfermera en la UCI del Hospital Clínico de Viña del Mar, y Florencia Elgueta, enfermera del mismo recinto.
“Queremos hacerlo extrapolable a otras áreas de desarrollo, pero inicialmente nos estamos enfocando en cómo abordarlo en el área de salud, porque creo que es un área donde se produce esto de forma más cruenta”, precisó.
Con todo, buscan la obligatoriedad de protocolos especiales ante el bullying, ciberbullying y otras manifestaciones de acoso, para dar curso a sanciones civiles o penales, en caso de que corresponda.
Respecto al plazo, indicó que esperan presentarlo dentro de dos meses, ya que lo “están madurando bien”.
Cifras
BioBioChile consultó a la Superintendencia de Educación Superior (SES) por cifras respecto a denuncias de acoso en instituciones, sin contar aquellas por razones de género.
Desde la repartición se informó que “desde enero de 2020 a la fecha, esta Superintendencia ha recibido un total de 36 casos cuya materia es “Violencia y bullying”.
“En general, en estos casos, los afectados acusan un mal procedimiento, falta de protocolos, transgresión de los reglamentos internos o discriminación por parte de sus instituciones de educación superior frente a situaciones de hostigamiento, maltratos, acoso (no sexual) o ciberbullying, entre otras razones, de parte de compañeros y/o académicos”, explican.
Así, “de los 36 casos señalados, 15 corresponden a denuncias y 21 a reclamos. A su vez, si los desagregamos por tipos de instituciones académicas, cabe precisar que 22 se presentaron contra universidades, 8 en contra institutos profesionales y 6 en contra centros de formación técnica”.
Es preciso señalar que las cifras corresponden a denuncias formales, por lo que, al igual que en otras ocasiones, como, por ejemplo, de abuso, no siempre las víctimas inician acciones bajo el conducto regular.
Consultados por sanciones, se indicó que no existen instituciones en esta categoría, ya que la mayoría de los casos se solucionan por mediación de la SES.
Subsecretaría: “Avanzar en estrategias que se hagan cargo de dimensiones estructurales”
Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, indicó a BioBioChile que una de sus prioridades “es asegurar el derecho a la educación, lo que también se relaciona con espacios de formación libres de acoso y violencia, en cualquiera de sus expresiones”.
“Esto lo hemos enfatizado desde un principio. La existencia de normas, políticas y protocolos son fundamentales, así como la creación de institucionalidad que permita canalizar y hacerse cargo de estos hechos. Pero esto es parte de un recorrido. Debemos avanzar en estrategias que se hagan cargo de las dimensiones estructurales que afectan la convivencia y que limitan el ejercicio de derechos a quienes son víctimas de actos de acoso o discriminación, con foco en todos los estamentos y con miras a crear comunidad”, acotó.
En la misma línea, argumentó en que el compromiso de la repartición “está con los cambios culturales, donde todos los actores del sistema de educación superior tienen un rol que jugar para favorecer espacios educativos no sexistas, plurales, interculturales y justos”.
Respecto a la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, la subsecretaria señaló que entrará en vigencia en septiembre de este año.
“(La norma) establece la obligación para las instituciones educativas de contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, contemplando tanto un modelo de prevención como un modelo de sanción de dichas conductas, construido de forma participativa”, explicó.
Nacional
Confirman hallazgo de la patente del vehículo de concejala de Villa Alegre en el río Loncomilla
El fiscal a cargo de la investigación ratificó que la placa encontrada en el sector La Balsa El Peumo corresponde al automóvil de la autoridad comunal, María Ignacia González.
En un avance clave para la investigación, las autoridades confirmaron el hallazgo de la placa patente perteneciente al vehículo de María Ignacia González, concejala de la comuna de Villa Alegre. El descubrimiento se produjo durante las pericias realizadas en el río Loncomilla, específicamente en el sector conocido como La Balsa El Peumo.
Detalles de la investigación
La confirmación oficial de esta evidencia fue entregada de manera directa a las hijas de la autoridad comunal por el fiscal a cargo del caso, Julio Contardo.
Cabe destacar que el sector de La Balsa El Peumo ya había sido definido como una zona de interés para la investigación. Desde la semana pasada, equipos especializados se encontraban desplegando diversas diligencias de búsqueda y rastreo en el lugar.
Actualmente, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) se mantiene trabajando en el sitio del suceso. Los equipos continúan realizando las pericias técnicas necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar los próximos pasos en la búsqueda.
Nota de la redacción: Esta es una noticia en desarrollo. Los equipos policiales continúan trabajando en el lugar, por lo que los antecedentes podrían actualizarse durante las próximas horas.
Nacional
Auditoría total detecta riesgos fiscales por más de US$ 9.200 millones en el Gobierno
El informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) reveló graves falencias administrativas, pagos postergados y compras cuestionadas en más de 500 servicios públicos. Cuatro reparticiones ya están bajo investigación.
Una verdadera crisis política y financiera sacude al Ejecutivo tras conocerse los resultados de una “auditoría total” realizada al aparato estatal para el período 2022-2026. El masivo cruce de información detectó alertas de riesgo fiscal que superan los US$ 9.200 millones, dejando al descubierto graves ineficiencias y posibles irregularidades que podrían derivar en acciones penales.
El proceso, liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), analizó más de 913 millones de datos provenientes de 500 servicios públicos. Al respecto, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, reconoció la existencia de “errores, inconsistencias, mala gestión y debilidades estructurales de control”, asegurando que ya se derivaron los antecedentes correspondientes ante eventuales delitos.
Los focos críticos del descalabro financiero
El informe detalla diversas anomalías administrativas que configuran el millonario riesgo fiscal, entre las que destacan:
Pagos postergados (US$ 3.200 millones): Esta cifra, que equivale a cerca del 1% del PIB nacional, arrastra obligaciones pendientes con la gratuidad universitaria, proveedores del sistema de salud, la Junaeb y miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) proveedoras del Estado.
Abuso de tratos directos (US$ 3.170 millones): Se identificaron compras vía trato directo o modalidad “compra ágil” que debieron realizarse mediante licitaciones públicas. Esta falta de competencia generó un sobrecosto estimado de US$ 760 millones. Las entidades con mayores montos cuestionados en este ítem son Cenabast, el Registro Civil y múltiples hospitales públicos.
Licencias médicas (US$ 150 millones): Fondos públicos que se encuentran pendientes de recuperar por concepto de subsidios asociados a licencias del personal estatal.
Otras irregularidades: Rendiciones de cuentas incompletas, millonarias subejecuciones presupuestarias, contratos incumplidos y entrega de recursos a entidades no inscritas correctamente.
Organismos bajo la lupa e investigaciones
Frente a la gravedad de los hallazgos, el Ejecutivo anunció la instrucción inmediata de investigaciones y sumarios en cuatro organismos clave del aparato estatal:
1 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
2 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
3 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
4 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
El caso ya genera fuertes repercusiones políticas, mientras el oficialismo busca contener el impacto de lo que analistas y parlamentarios comienzan a calificar como uno de los mayores desafíos de gestión y probidad de la presente administración.
Nacional
CARABINEROS ABRE 39 VACANTES PARA PERSONAL CIVIL: POSTULACIÓN HASTA EL 31 DE MAYO.
Con la finalidad de fortalecer las áreas profesionales, Técnicas, administrativas y de servicios; Carabineros de Chile, por intermedio del Departamento de Personal Civil de Carabineros P5, anunció la apertura de 39 puestos de trabajo, los que estarán disponibles para postulación entre el 15 de mayo hasta el 31 de mayo.
Las postulaciones al proceso que busca incorporar profesionales, técnicos y administrativos que apoyen el funcionamiento interno de distintas reparticiones en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Los Lagos y Aysen, las que estarán hasta el próximo domingo 31 de mayo.
Los empleos disponibles abarcan una amplia gama de funciones. Entre ellos se cuentan administrativos (Auxiliar de Servicios Menores, Administrativos, Cocineros, Conductor, Garzón Peluquero y Operador de Emergencia), Técnicos (Técnico en Cocina, Técnico Contable, Técnico Gasfíter, Técnico en Enfermería; e incluso cargos profesionales como Abogado, Periodista, Asesor de Gestión de Calidad, Educadora Diferencial, Psicólogo y Fonoaudiólogo.
Las remuneraciones varían según el cargo y la función a desempeñar, con sueldos que van desde los $619.524 para auxiliares de servicios menores, hasta los $2.007.484 en el caso del profesional Periodista para la Región de Los Lagos. Con ello, la institución busca atraer a un perfil diverso de postulantes, desde oficios especializados hasta profesionales con formación universitaria.
La convocatoria se enmarca en la política de modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, que promueve la incorporación de civiles a distintas áreas de gestión, con el fin de optimizar el funcionamiento interno y ampliar la interacción con la comunidad.
El proceso de postulación se desarrollará a través de los canales oficiales de Carabineros, donde los interesados podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo y formalizar su postulación.
Los interesados deben postular hasta el 31 de mayo del 2026, a través de la página www.carabineros.cl, Sistema de Postulaciones.
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