Buena parte de los artículos sobre cultura, ciencia, arte e interculturalidad volverán a la Comisión.

La Comisión de Sistemas de Conocimiento expuso este miércoles su propuesta al Pleno de la Convención, con escaso porcentaje de aprobación. Buena parte de los 30 artículos propuestos volverá al grupo para ser revisado.

“Esta Comisión tiene malas experiencias en el Plenario por su maximalismo, vinculado al decrecimiento y una matriz intelectual de superación del capitalismo”, opinaba ya durante el debate Renato Garín (Lista del Apruebo).

El artículo del “buen morir” se aprobó y se rechazó el que garantizaba el derecho a la desobediencia civil.

En la discusión de la eutanasia, Ruth Hurtado (Chile Libre), dijo que “queremos decidir en Chile quien vive y quién no. Esta es una Constitución de la soberbia, escudada en una falsa compasión. Hay que acompañar al que sufre, no matarlo”.

Al contrario, Malucha Pinto (Colectivo Socialista), coordinadora de la Comisión, manifestó que “todos tenemos alguien que no tuvo la posibilidad de morir sin paliativos, con enfermedades largas. Morir dignamente es muy importante.. Es

de total justicia que quede consagrado en la nueva Constitución”.

Antes, se había aprobado y pasó al borrador de la Constitución el carácter público de la red de telecomunicaciones. Sobre los medios de comunicación públicos, se acordó su creación, pero sus detalles fueron enviados de vuelta a la Comisión.

Mismo destino para el carácter inapropiable del espectro radioeléctrico y a un Consejo Nacional de Comunicaciones, normas respecto de los medios que según Harry Jurgensen (Chile Libre), en específico por las radios, “busca ampliar el poder del Estado en vez de dar libertad”.

Asimismo, deberá replantearse el Consejo Nacional de Bioética y todos los artículos sobre cultura, su financiamiento y enfoques de equidad e interculturalidad.

Aunque varios constituyentes, como Janis Meneses (Mov. Sociales Constituyentes) y Agustín Squella (Colectivo del Apruebo), aseguraron que el tema de la educación debería tratarse únicamente en Derechos Fundamentales, de todas maneras se llevaron a votación normas de educación superior, artística, libertad de cátedra y educación intercultural. Todas fueron apartadas con altas cifras de rechazo.

En temas culturales se aprobó el carácter patrimonial de las lenguas autóctonas. “Patrimonio implica abrir un espacio de deliberación de las lenguas indígenas”, declaró Elisa Loncon (Pueblos Indígenas).

De la misma manera, hubo pie para el fortalecimiento de bibliotecas públicas, pero no para la editorial estatal, el término del IVA a los libros o el libre tránsito de personas indígenas en su territorio ancestral.

Tampoco hubo acuerdo en las normas sobre la naturaleza y aquellas que hacían referencia al cambio climático.

• Beatriz Sánchez y Erica Portilla son sindicadas por impedir en forma arbitraria -y a diferencia de las otras comisiones temáticas- cualquier tipo de justificación o fundamentación de las indicaciones que se han votado en particular.

Con el objeto de acusar infracciones reglamentarias y exigir responsabilidades de parte de Beatriz Sánchez y Erica Portilla, coordinadoras de la Comisión de Principios Fundamentales de la Convención, un grupo de convencionales compuesto por Martín Arrau, Eduardo Cretton y Cecilia Ubilla, presentaron un oficio a la secretaría de dicho organismo.
El documento denuncia que, a diferencia de lo ocurrido en otras comisiones, al interior de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía se están votando en particular las indicaciones, sin posibilidad de debate ni argumentación alguna.
Martín Arrau, precursor del líbelo, advierte que “mediante indicaciones sustitutivas o aditivas, estamos incorporando nuevos artículos y nuevos incisos que jamás fueron debatidos, ni menos aprobados en general. Lo que pedimos es terminar con esta mala práctica y que se permita argumentar las indicaciones, ya que muchas de ellas cambian sustancialmente los textos originales. Es decir, pedimos que nuestras coordinadoras cesen sus arbitrariedades y podamos sesionar al igual que lo hace el resto de las comisiones”.
El convencional de La Araucanía, Eduardo Cretton, recalcó que “con este proceder se le da la espalda a la ciudadanía, porque se le niega el conocimiento del porqué estamos suprimiendo artículos ampliamente respaldados en la votación en general, y el por qué se aprueban propuestas de indicaciones que sustituyen lo ya aprobado con anterioridad. Ante este proceso histórico, debemos ser lo más transparentes frente al pueblo de Chile y eso ya debería estar claro”.
Por su parte, Cecilia Ubilla, detalló que “la mala decisión de las coordinadoras debiese concordarse con las diversas disposiciones reglamentarias y con el trabajo pre-legislativo que han hecho las Mesas Directivas, y que nos mandatan a deliberar y justificar nuestras decisiones como convencionales, con la máxima transparencia. Se está atentando en contra de las garantías mínimas que deben primar en instancias de esta naturaleza”.
El oficio de estos constituyentes, solicita a la Comisión oficiar a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, para que tome conocimiento de los vicios que se relatan.
“Todo el trabajo constitucional debiese quedar registrado en actas y este proceder lo impide, ensuciando nuevamente la legitimidad del proceso. Debido a esta decisión arbitraria seremos juzgados como la comisión que aparentó durante meses escuchar a la ciudadanía, que fingió el debate durante todo su trabajo de presentación de iniciativas, pero que a último minuto a puertas cerradas, modificó sustancialmente todo lo deliberado”, culminó Arrau.

• La propuesta de norma constitucional contempla un órgano bicameral, con 32 senadores y 78 diputados.

Dos nuevos artículos constitucionales fueron presentados a la Mesa Directiva de la Convención, por parte de 8 convencionales de Vamos por Chile liderados por el representante de la Región de Ñuble, Martín Arrau. Las iniciativas buscan modificar la composición del Poder Legislativo, reduciendo el número de parlamentarios que integran el Senado y la Cámara de Diputados.
De esta manera, las propuestas de norma constitucional mantienen un órgano bicameral, pero conformado ahora por 32 senadores y 78 diputados. “Hablamos de dos senadores representando territorialmente a cada una de las regiones. En la Cámara, en cambio, para una representación poblacional serían 2 diputados representando a 28 distritos, y los 22 escaños restantes se elegirían en proporción a la población de cada uno de esos distritos”, explica el convencional Martín Arrau.
“La ampliación de nuestro Congreso no ha sido garantía de nada, por el contrario, la opinión pública y la aprobación del trabajo legislativo en nuestro país, están lejos de gozar de su mejor salud. Lo mismo que ocurre con tantas otras instituciones públicas. Esto es porque la ciudadanía no quiere más políticos, ni más burocracia, quiere eficacia, quiere trabajo, resultados y el mayor de los cuidados con los recursos públicos que aportan como contribuyentes. Este es un paso para un Chile más eficiente y transparente, que busca la reconciliación de los chilenos con sus representantes”, agrega el impulsor de la medida.
El convencional Harry Jürguensen, agregó que “en primer lugar, me manifiesto partidario de un sistema bicameral, porque el Senado ha demostrado que es un órgano fuerte que ha contribuido históricamente a mejorar todo el proceso legislativo de nuestro país. Que el Senado también tenga atribuciones propias y sea la verdadera cámara de reflexión de la política pública chilena. Con estas normas aseguramos un mejor proceso legislativo, con representación territorial en el Senado y poblacional en la Cámara de Diputados. Por eso soy partidario de ser más eficiente, de tener un poder legislativo más eficiente, más pequeño, más dúctil y más transparente también en sus funciones”.
La constituyente Rocío Cantuarias recalcó que “es necesario que los distintos poderes del Estado actúen con eficiencia y austeridad, vemos como en un órgano como el Congreso, con la cantidad de parlamentarios que existen hoy, se tramitan proyectos inconstitucionales o no se tramitan normas que son necesarias para satisfacer las necesidades más urgentes de las personas. Creemos que es adecuada esta propuesta para fines de eficiencia y austeridad sin desmejorar la representación territorial y política”.
Por último, Ruth Hurtado también se refirió a la iniciativa. “Esto obedece a achicar el Estado y destinar esos recursos públicos a las necesidades de la ciudadanía, es de clamor popular realizar una medida como esta. Además, esto permite a que los parlamentarios puedan negociar mejor, trabajar enfocado en las urgencias de los ciudadanos y no enfocadas en sus propias ideologías y por otro lado permite a la ciudadanía tener mejor acceso y control de quienes los representan”, precisó.
“El Congreso Nacional es el órgano legislativo de la República. Es el punto de encuentro por excelencia, donde confluyen diversas corrientes de pensamiento que se manifiestan en la sociedad, con el fin de construir una voluntad común que rija los destinos de Chile. Debe ser un lugar de leal deliberación de los representantes de la ciudadanía, y no sólo una instancia formal de un conteo de votos”, argumenta el oficio presentado por estos convencionales.

Artículos propuestos

“ Artículo.- La Cámara de Diputados está integrada por setenta y ocho miembros elegidos en votación directa por distritos electorales distribuidos geográficamente en el territorio nacional. En Chile existirán veintiocho distritos electorales, cada uno de los cuales elegirá un mínimo de dos diputados. Los restantes escaños se distribuirán proporcionalmente siguiendo criterios demográficos entre los veintiocho distritos, en conformidad a lo establecido en una ley orgánica constitucional.
La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años”.

“ Artículo.- El Senado está integrado por treinta y dos miembros elegidos en votación directa por las regiones del país, las cuales elegirán dos senadores cada una.
El Senado se renovará por mitades alternadas región por medio cada cuatro años, durando así ocho años cada senador en el ejercicio de su cargo.”.