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¿QUÉ LE ESPERA A CHILE CON LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL?
Tras las históricas elecciones de este fin de semana, Chile está un paso más cerca de tener una nueva Constitución, un texto que será redactado por una convención dominada por ciudadanos independientes y la oposición de centro e izquierdas.
Pero, hasta la promulgación del nuevo texto, ¿Qué le espera al país?
Funcionamiento de la Convención
La Convención Constitucional, la primera paritaria del mundo y conformada exclusivamente por miembros electos, tendrá hasta un año para redactar la nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático en la historia del país.
En 200 años de independencia, Chile ha tenido tres Constituciones (1833, 1925 y 1980) pero ninguna redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.
El proceso culminará en 2022 con un plebiscito de salida y con voto obligatorio para aprobar o rechazar finalmente la nueva Carta Magna, que sustituiría a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y repudiada por su origen dictatorial.
Aunque todo apunta a que la nueva Carta Magna será refrendada, los expertos auguran un escenario incierto y de alta complejidad política en el caso de que gane la opción del “no”.
La convención comenzará a sesionar en junio y necesitará al menos dos tercios de los votos de sus 155 miembros para aprobar las normas del nuevo texto, un mecanismo que hará imprescindibles los grandes pactos entre las fuerzas políticas.
El antiguo edificio del Congreso, ubicado en Santiago, será el lugar de reunión de la convención, que trabajará de forma paralela e independiente al actual Parlamento, y que todavía debe determinar si las sesiones serán a puerta cerrada o abierta.
¿Quiénes redactarán el texto?
Contra todo pronóstico, la dividida oposición chilena y los independientes obtuvieron más de dos tercios de los escaños, mientras que la unificada derecha no obtuvo ni un tercio, el porcentaje que le otorgaría poder de veto durante la discusión.
“Con estos resultados se abre una nueva etapa y se dan las condiciones ideales para que se haya cambios sustantivos y que Chile avance hacia un Estado más social”, señaló a Efe Octavio Avendaño, académico del departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Casi la mitad de los constituyentes son independientes que buscan canalizar algunas de las principales demandas ciudadanas y que, en muchos casos, adquirieron popularidad a raíz de las masivas manifestaciones de 2019.
Su éxito en esta votación es visto como algunos expertos como el certificado de defunción de los desprestigiados partidos políticos.
Lograron su escaño académicos como Fernando Atria, feministas como Alondra Carrillo, activistas como Giovanna Grandon (conocida en las protestas por “Tía Pikachu”), profesionales como Rodrigo Logan o la famosa líder mapuche Francisca Linconao.
También lo consiguieron caras conocidas de la política chilena como la excandidata presidencial de izquierdas Beatriz Sánchez o los exministros Cristian Monckeberg, Marcela Cubillos y Antonio Walker, entre otros.
Principales temas a tratar
En la discusión del texto serán intocables el régimen democrático y de Estado republicano o los tratados internacionales, pero sí se podrán abordar ejes estructurales el rol del Estado.
Mientras que la derecha se inclina por mantener el actual modelo económico basado en el libre mercado y donde el Estado tiene un papel subsidiario, la izquierda aboga por un país más derechos sociales garantizados.
La politóloga María Cristina Escudero, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, cree que la heterogeneidad de fuerzas de la convención desembocará en un “Estado neutro”.
“No hay apoyos para mantener el actual modelo aunque es probable que tampoco se logre un Estado de bienestar. Tendremos un estado sin apellido, que luego caracterizará la política ordinaria”, explicó a Efe la experta.
Otra premisa principal de muchos candidatos es desprivatizar servicios básicos como el agua, que está en manos privadas en un 80%; la educación, una de las más caras de la región, o las pensiones, que gestionan empresas que obtienen millonarios beneficios criticadas por las irrisorias jubilaciones que ofrecen.
De las calles a las urnas
La mayoría de estas demandas cobraron fuerza durante la crisis social de 2019, la más grave en 30 años de democracia, que convocó masivas manifestaciones que dejaron una treintena de muertos y que llevaron al Congreso iniciar este proceso constituyente.
Un año después, en octubre de 2020, se celebró el plebiscito en el que casi un 80 % de los ciudadanos votó por renovar la ley fundamental.
Desde entonces, las protestas amainaron y la pandemia y las restricciones acabaron por ahogar los deseos de salir a las calles. Ahora, el interrogante es si tras estos comicios podría haber nuevas movilizaciones.
Para la politóloga Claudia Heiss, los resultados electorales y la presencia en la convención de los sectores más descontentos servirá “para calmar las aguas” y orientar el conflicto social de las calles hacia la política.
“Son unos buenos resultados de cara a la paz social”, concluyó.
Nacional
Confirman hallazgo de la patente del vehículo de concejala de Villa Alegre en el río Loncomilla
El fiscal a cargo de la investigación ratificó que la placa encontrada en el sector La Balsa El Peumo corresponde al automóvil de la autoridad comunal, María Ignacia González.
En un avance clave para la investigación, las autoridades confirmaron el hallazgo de la placa patente perteneciente al vehículo de María Ignacia González, concejala de la comuna de Villa Alegre. El descubrimiento se produjo durante las pericias realizadas en el río Loncomilla, específicamente en el sector conocido como La Balsa El Peumo.
Detalles de la investigación
La confirmación oficial de esta evidencia fue entregada de manera directa a las hijas de la autoridad comunal por el fiscal a cargo del caso, Julio Contardo.
Cabe destacar que el sector de La Balsa El Peumo ya había sido definido como una zona de interés para la investigación. Desde la semana pasada, equipos especializados se encontraban desplegando diversas diligencias de búsqueda y rastreo en el lugar.
Actualmente, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) se mantiene trabajando en el sitio del suceso. Los equipos continúan realizando las pericias técnicas necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar los próximos pasos en la búsqueda.
Nota de la redacción: Esta es una noticia en desarrollo. Los equipos policiales continúan trabajando en el lugar, por lo que los antecedentes podrían actualizarse durante las próximas horas.
El informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) reveló graves falencias administrativas, pagos postergados y compras cuestionadas en más de 500 servicios públicos. Cuatro reparticiones ya están bajo investigación.
Una verdadera crisis política y financiera sacude al Ejecutivo tras conocerse los resultados de una “auditoría total” realizada al aparato estatal para el período 2022-2026. El masivo cruce de información detectó alertas de riesgo fiscal que superan los US$ 9.200 millones, dejando al descubierto graves ineficiencias y posibles irregularidades que podrían derivar en acciones penales.
El proceso, liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), analizó más de 913 millones de datos provenientes de 500 servicios públicos. Al respecto, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, reconoció la existencia de “errores, inconsistencias, mala gestión y debilidades estructurales de control”, asegurando que ya se derivaron los antecedentes correspondientes ante eventuales delitos.
Los focos críticos del descalabro financiero
El informe detalla diversas anomalías administrativas que configuran el millonario riesgo fiscal, entre las que destacan:
Pagos postergados (US$ 3.200 millones): Esta cifra, que equivale a cerca del 1% del PIB nacional, arrastra obligaciones pendientes con la gratuidad universitaria, proveedores del sistema de salud, la Junaeb y miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) proveedoras del Estado.
Abuso de tratos directos (US$ 3.170 millones): Se identificaron compras vía trato directo o modalidad “compra ágil” que debieron realizarse mediante licitaciones públicas. Esta falta de competencia generó un sobrecosto estimado de US$ 760 millones. Las entidades con mayores montos cuestionados en este ítem son Cenabast, el Registro Civil y múltiples hospitales públicos.
Licencias médicas (US$ 150 millones): Fondos públicos que se encuentran pendientes de recuperar por concepto de subsidios asociados a licencias del personal estatal.
Otras irregularidades: Rendiciones de cuentas incompletas, millonarias subejecuciones presupuestarias, contratos incumplidos y entrega de recursos a entidades no inscritas correctamente.
Organismos bajo la lupa e investigaciones
Frente a la gravedad de los hallazgos, el Ejecutivo anunció la instrucción inmediata de investigaciones y sumarios en cuatro organismos clave del aparato estatal:
1 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
2 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
3 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
4 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
El caso ya genera fuertes repercusiones políticas, mientras el oficialismo busca contener el impacto de lo que analistas y parlamentarios comienzan a calificar como uno de los mayores desafíos de gestión y probidad de la presente administración.
Con la finalidad de fortalecer las áreas profesionales, Técnicas, administrativas y de servicios; Carabineros de Chile, por intermedio del Departamento de Personal Civil de Carabineros P5, anunció la apertura de 39 puestos de trabajo, los que estarán disponibles para postulación entre el 15 de mayo hasta el 31 de mayo.
Las postulaciones al proceso que busca incorporar profesionales, técnicos y administrativos que apoyen el funcionamiento interno de distintas reparticiones en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Los Lagos y Aysen, las que estarán hasta el próximo domingo 31 de mayo.
Los empleos disponibles abarcan una amplia gama de funciones. Entre ellos se cuentan administrativos (Auxiliar de Servicios Menores, Administrativos, Cocineros, Conductor, Garzón Peluquero y Operador de Emergencia), Técnicos (Técnico en Cocina, Técnico Contable, Técnico Gasfíter, Técnico en Enfermería; e incluso cargos profesionales como Abogado, Periodista, Asesor de Gestión de Calidad, Educadora Diferencial, Psicólogo y Fonoaudiólogo.
Las remuneraciones varían según el cargo y la función a desempeñar, con sueldos que van desde los $619.524 para auxiliares de servicios menores, hasta los $2.007.484 en el caso del profesional Periodista para la Región de Los Lagos. Con ello, la institución busca atraer a un perfil diverso de postulantes, desde oficios especializados hasta profesionales con formación universitaria.
La convocatoria se enmarca en la política de modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, que promueve la incorporación de civiles a distintas áreas de gestión, con el fin de optimizar el funcionamiento interno y ampliar la interacción con la comunidad.
El proceso de postulación se desarrollará a través de los canales oficiales de Carabineros, donde los interesados podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo y formalizar su postulación.
Los interesados deben postular hasta el 31 de mayo del 2026, a través de la página www.carabineros.cl, Sistema de Postulaciones.
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