Tras las históricas elecciones de este fin de semana, Chile está un paso más cerca de tener una nueva Constitución, un texto que será redactado por una convención dominada por ciudadanos independientes y la oposición de centro e izquierdas.

Pero, hasta la promulgación del nuevo texto, ¿Qué le espera al país?

Funcionamiento de la Convención

La Convención Constitucional, la primera paritaria del mundo y conformada exclusivamente por miembros electos, tendrá hasta un año para redactar la nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático en la historia del país.

En 200 años de independencia, Chile ha tenido tres Constituciones (1833, 1925 y 1980) pero ninguna redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

El proceso culminará en 2022 con un plebiscito de salida y con voto obligatorio para aprobar o rechazar finalmente la nueva Carta Magna, que sustituiría a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y repudiada por su origen dictatorial.

Aunque todo apunta a que la nueva Carta Magna será refrendada, los expertos auguran un escenario incierto y de alta complejidad política en el caso de que gane la opción del “no”.

La convención comenzará a sesionar en junio y necesitará al menos dos tercios de los votos de sus 155 miembros para aprobar las normas del nuevo texto, un mecanismo que hará imprescindibles los grandes pactos entre las fuerzas políticas.

El antiguo edificio del Congreso, ubicado en Santiago, será el lugar de reunión de la convención, que trabajará de forma paralela e independiente al actual Parlamento, y que todavía debe determinar si las sesiones serán a puerta cerrada o abierta.

¿Quiénes redactarán el texto?

Contra todo pronóstico, la dividida oposición chilena y los independientes obtuvieron más de dos tercios de los escaños, mientras que la unificada derecha no obtuvo ni un tercio, el porcentaje que le otorgaría poder de veto durante la discusión.

“Con estos resultados se abre una nueva etapa y se dan las condiciones ideales para que se haya cambios sustantivos y que Chile avance hacia un Estado más social”, señaló a Efe Octavio Avendaño, académico del departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Casi la mitad de los constituyentes son independientes que buscan canalizar algunas de las principales demandas ciudadanas y que, en muchos casos, adquirieron popularidad a raíz de las masivas manifestaciones de 2019.

Su éxito en esta votación es visto como algunos expertos como el certificado de defunción de los desprestigiados partidos políticos.

Lograron su escaño académicos como Fernando Atria, feministas como Alondra Carrillo, activistas como Giovanna Grandon (conocida en las protestas por “Tía Pikachu”), profesionales como Rodrigo Logan o la famosa líder mapuche Francisca Linconao.

También lo consiguieron caras conocidas de la política chilena como la excandidata presidencial de izquierdas Beatriz Sánchez o los exministros Cristian Monckeberg, Marcela Cubillos y Antonio Walker, entre otros.

Principales temas a tratar

En la discusión del texto serán intocables el régimen democrático y de Estado republicano o los tratados internacionales, pero sí se podrán abordar ejes estructurales el rol del Estado.

Mientras que la derecha se inclina por mantener el actual modelo económico basado en el libre mercado y donde el Estado tiene un papel subsidiario, la izquierda aboga por un país más derechos sociales garantizados.

La politóloga María Cristina Escudero, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, cree que la heterogeneidad de fuerzas de la convención desembocará en un “Estado neutro”.

“No hay apoyos para mantener el actual modelo aunque es probable que tampoco se logre un Estado de bienestar. Tendremos un estado sin apellido, que luego caracterizará la política ordinaria”, explicó a Efe la experta.

Otra premisa principal de muchos candidatos es desprivatizar servicios básicos como el agua, que está en manos privadas en un 80%; la educación, una de las más caras de la región, o las pensiones, que gestionan empresas que obtienen millonarios beneficios criticadas por las irrisorias jubilaciones que ofrecen.

De las calles a las urnas

La mayoría de estas demandas cobraron fuerza durante la crisis social de 2019, la más grave en 30 años de democracia, que convocó masivas manifestaciones que dejaron una treintena de muertos y que llevaron al Congreso iniciar este proceso constituyente.

Un año después, en octubre de 2020, se celebró el plebiscito en el que casi un 80 % de los ciudadanos votó por renovar la ley fundamental.

Desde entonces, las protestas amainaron y la pandemia y las restricciones acabaron por ahogar los deseos de salir a las calles. Ahora, el interrogante es si tras estos comicios podría haber nuevas movilizaciones.

Para la politóloga Claudia Heiss, los resultados electorales y la presencia en la convención de los sectores más descontentos servirá “para calmar las aguas” y orientar el conflicto social de las calles hacia la política.

“Son unos buenos resultados de cara a la paz social”, concluyó.