Yo nunca lo hablé hasta que explotó el año pasado (…) explota con una ideación suicida”.

En contraste a los protocolos y campañas para evitar el bullying en la etapa escolar, el acoso en la educación superior es un tema poco comentado en Chile. Estas situaciones no solo ocurren entre pares, sino también en relaciones asimétricas como profesor-alumno y viceversa.

La normativa que existe para sancionar el acoso, la Ley N°21.369, está enfocada en agresiones por motivo de género, dejando otras causas sin sanción legal, más allá de los posibles reglamentos que tenga cada institución.

En este marco, la estudiante Francisca López, cuya casa de estudios se mantuvo en reserva a petición suya, busca crear conciencia sobre el bullying en la educación superior. “Yo viví bullying por mucho tiempo. Nunca hice una denuncia formal. Lo mío era una cosa que estaba ocurriendo en espacios políticos, estaba ocurriendo con profesores. Yo nunca lo hablé hasta que explotó el año pasado (…) explota en estricto rigor con una ideación suicida”, detalló.

Como consecuencia, acudió a la Confech, donde escuchó otras historias que evidenciaban la falta de protocolos para estos casos. En respuesta, pretende crear conciencia de esta realidad. “No solamente desde el punto de vista del Estado, sino también desde las Universidades”, acotó a BioBioChile.

Proyecto de ley sobre el acoso en la educación superior

Justamente en este contexto se gesta un proyecto de ley que busca obligar a las entidades a contar con protocolos para enfrentar estas situaciones, las que muchas veces terminan perjudicando la salud mental de las víctimas.

La iniciativa la lidera el diputado Tomás Lagomarsino. El independiente explicó a BioBioChile que el proyecto “nace producto de una serie de denuncias que me han llegado”, entre ellas la de Francisca.

El parlamentario señaló que los testimonios los escuchó no solamente en su calidad de diputado, “sino también antes, cuando ejercía como médico y como estudiante de medicina, respecto al bullying tanto universitario como laboral que existe en nuestro país, sobre todo relacionado al área de la salud”.

Calificando los hechos como “inaceptables”, Lagomarsino argumentó que inicialmente enfocarán la redacción en dicha área. Esto apuntando a que desde la etapa de educación superior los futuros profesionales son hostigados al iniciar etapas “formativas” en internados y pasantías hospitalarias.

En la misma línea, el independiente señaló que buscan extrapolar la normativa al trabajo, considerando posibles suicidios a raíz del acoso laboral. Tal es el caso de Karin Salgado, tens del Hospital Chillán, Vanessa Araya, enfermera en la UCI del Hospital Clínico de Viña del Mar, y Florencia Elgueta, enfermera del mismo recinto.

“Queremos hacerlo extrapolable a otras áreas de desarrollo, pero inicialmente nos estamos enfocando en cómo abordarlo en el área de salud, porque creo que es un área donde se produce esto de forma más cruenta”, precisó.

Con todo, buscan la obligatoriedad de protocolos especiales ante el bullying, ciberbullying y otras manifestaciones de acoso, para dar curso a sanciones civiles o penales, en caso de que corresponda.

Respecto al plazo, indicó que esperan presentarlo dentro de dos meses, ya que lo “están madurando bien”.

Cifras

BioBioChile consultó a la Superintendencia de Educación Superior (SES) por cifras respecto a denuncias de acoso en instituciones, sin contar aquellas por razones de género.

Desde la repartición se informó que “desde enero de 2020 a la fecha, esta Superintendencia ha recibido un total de 36 casos cuya materia es “Violencia y bullying”.

“En general, en estos casos, los afectados acusan un mal procedimiento, falta de protocolos, transgresión de los reglamentos internos o discriminación por parte de sus instituciones de educación superior frente a situaciones de hostigamiento, maltratos, acoso (no sexual) o ciberbullying, entre otras razones, de parte de compañeros y/o académicos”, explican.

Así, “de los 36 casos señalados, 15 corresponden a denuncias y 21 a reclamos. A su vez, si los desagregamos por tipos de instituciones académicas, cabe precisar que 22 se presentaron contra universidades, 8 en contra institutos profesionales y 6 en contra centros de formación técnica”.

Es preciso señalar que las cifras corresponden a denuncias formales, por lo que, al igual que en otras ocasiones, como, por ejemplo, de abuso, no siempre las víctimas inician acciones bajo el conducto regular.

Consultados por sanciones, se indicó que no existen instituciones en esta categoría, ya que la mayoría de los casos se solucionan por mediación de la SES.

Subsecretaría: “Avanzar en estrategias que se hagan cargo de dimensiones estructurales”

Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, indicó a BioBioChile que una de sus prioridades “es asegurar el derecho a la educación, lo que también se relaciona con espacios de formación libres de acoso y violencia, en cualquiera de sus expresiones”.

“Esto lo hemos enfatizado desde un principio. La existencia de normas, políticas y protocolos son fundamentales, así como la creación de institucionalidad que permita canalizar y hacerse cargo de estos hechos. Pero esto es parte de un recorrido. Debemos avanzar en estrategias que se hagan cargo de las dimensiones estructurales que afectan la convivencia y que limitan el ejercicio de derechos a quienes son víctimas de actos de acoso o discriminación, con foco en todos los estamentos y con miras a crear comunidad”, acotó.

En la misma línea, argumentó en que el compromiso de la repartición “está con los cambios culturales, donde todos los actores del sistema de educación superior tienen un rol que jugar para favorecer espacios educativos no sexistas, plurales, interculturales y justos”.

Respecto a la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, la subsecretaria señaló que entrará en vigencia en septiembre de este año.

“(La norma) establece la obligación para las instituciones educativas de contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, contemplando tanto un modelo de prevención como un modelo de sanción de dichas conductas, construido de forma participativa”, explicó.