Conductor dio a conocer que el imputado por el crimen del “Rey de Meiggs” cruzó por el Complejo Fronterizo de Chacalluta sin inconvenientes.

Mauricio, el taxista que trasladó hasta el complejo fronterizo de Chacalluta, en Arica, al ciudadano venezolano Alberto Mejía (18) —imputado por el asesinato del denominado “Rey de Meiggs”— entregó su testimonio en Chilevisión Noticias, revelando detalles del insólito viaje que permitió la salida del presunto sicario a pocas horas de haber sido liberado desde Santiago 1.

“En las cámaras sale que efectivamente yo llevé al sicario. Que lo trasladé desde fuera del terminal y que me fui con ellos. Tienen toda la secuencia de grabación. Yo estaba ofreciendo el taxi para la frontera, él llegó y se sumó y dijo ‘yo también voy para la frontera’. Como que bien quitado de bulla, por así decirlo”, partió declarando el conductor en conversación con CHV Noticias.

“Me tomó la PDI y el OS-9 a dar declaración. Igual fome porque, de cierta manera, yo igual me veo involucrado. Yo desconociendo que esta persona era el sicario, le ofrecí el servicio de taxi. Había una niña que quería ir, le ofrecí taxi y este muchacho, como escondiéndose, escuchó que yo estaba ofreciendo para ir a la frontera… y como habían tres personas, él se sumó para ser la cuarta”, continuó.

Según el relato del conductor, Mejía no mostró una actitud sospechosa durante el trayecto, pero sí hizo algunos comentarios que llamaron la atención. “Se iban jactando que habían estado preso en Estados Unidos, el otro compadre que venía conversando sobre la experiencia que habían tenido en otros países donde han estado detenidos. Como jactándose (…) Decían que ‘allá en Estados Unidos también me pillaron, me deportaron’, cosas así”, dijo.

Sicario pasó control militar

Fue en ese momento que el chofer dio a conocer que Alberto Mejía pasó control militar antes de salir del país. “Por lo general, siempre a todas las personas que van saliendo ilegal del país, las dejamos antes de los militares, en un estacionamiento que está antes de llegar a ellos y después ellos tienen que hacer el proceso de enrolarse con los militares y ahí salen del país”, explicó Mauricio.

Y agregó: “De que los controlaron, los controlaron, de hecho dos de las personas que se fueron ilegal, las devolvieron, entonces lo más probable es que él haya pasado”.

Lo más preocupante del testimonio es que el presunto sicario habría pasado por control militar sin mayores problemas, lo que abre serias dudas sobre los procedimientos de fiscalización en el paso fronterizo.

El conductor también expresó su inquietud tras enterarse de la identidad del pasajero que llevó. “A mí no me gusta ayudar a nadie que esté haciendo el mal. Uno está expuesto en este trabajo porque no sabes a quién llevas, entonces ahora tomo un poco más de conciencia y tengo que estar más alerta a la hora de llevar. Si hubiera sabido yo, mi reacción es que no lo llevo, ¿a dónde que voy a llevar a un sicario?”, afirmó.

El caso ha generado fuertes cuestionamientos a las autoridades, ya que el imputado fue liberado por error y habría salido del país tan solo dos días después por un paso regulado sin ser detenido.

Una grave denuncia remece a la industria de alimentos del país, ya que se comprobó que millones de latas de conservas etiquetadas y vendidas como “jurel” en supermercados, almacenes de barrio y entregadas hasta en los comedores escolares administrados por el Estado, en realidad no contienen dicho pescado. Por el contrario, se trataría de un producto distinto importado desde China y que tiene condiciones nutricionales y proteicas de menor calidad al jurel “verdadero”.

La denuncia fue presentada por la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, ante la Seremi de Salud Metropolitana, y apunta a cuatro marcas masivas de retail: Coliseo, Barquito, Novamar y Acuenta, todas comercializadoras del producto importado etiquetado erróneamente como jurel.

La acusación se sustenta en dos estudios científicos categóricos. El primero fue realizado por el Laboratorio 5M, autorizado por Sernapesca y el Ministerio de Salud, y el segundo, por el Laboratorio de Fisicoquímica y Microbiología DICTUC. Ambos coincidieron en que el producto chino no puede ser asociado al jurel (Trachurus murphyi), sino a especies como caballa, sardina española u otras.

El estudio del DICTUC examinó 200 muestras (mitad chilenas, mitad chinas), de diferentes lotes a lo largo del país, y reveló diferencias notorias con los estándares de grosor de la columna, distancia entre espinas y rango de absorbancia (color) que sí tiene el jurel chileno, y que, en consecuencia, las marcas etiquetan como “jurel natural”, un producto distinto de otra especie pesquera. Incluso, detectaron variabilidad dentro de una misma marca, lo que sugiere que se mezclan distintas especies en los tarros sin declararlo.

“Es importante que la evidencia científica que estamos entregando pueda ser utilizada como herramienta para que al consumidor se le permita tomar las decisiones en cuanto a qué va a consumir con la información lo más transparente posible”, comentó Natalia Morales, jefa de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología del DICTUC.

Acerca de los hallazgos, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío señaló que “estamos frente a un hecho gravísimo, ya que 30 millones de conservas que se venden como jurel en Chile no lo son. Hablamos de casi la mitad de los tarros comercializados en el mercado nacional, por lo que pedimos a la autoridad fiscalizadora que investigue, sancione y retire estos productos falsificados. Se está engañando al consumidor y dañando la fe pública, pues las personas creen estar accediendo a este tradicional pescado, con todas sus características nutricionales y proteicas, pero no es así”.

“Es una competencia desleal con las empresas nacionales que cumplen con la legislación vigente, que procesan materia prima chilena capturada con altos estándares de sostenibilidad y que generan miles de puestos de trabajo en comunas como Coronel y Talcahuano”, agregó Macarena Cepeda Godoy.

Sanciones

La denuncia apunta a tres infracciones al Reglamento Sanitario de Alimentos del Ministerio de Salud, entre ellas, las disposiciones que establecen que el producto comercializado debe indicar la verdadera naturaleza del alimento y reportar su información nutricional; la prohibición de importar alimentos alterados contaminados, adulterados o falsificados, y que la rotulación o publicidad del producto no contendrá palabras o ilustraciones que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades.

“Lo que se busca es que el producto ‘Jurel chino’ se comercialice bajo el nombre que corresponda a lo que realmente es y que se haga una correcta referencia a sus valores nutricionales. El público debe comprender cabalmente lo que está comprando y para ello, corregir la información es de la esencia para que el mercado funcione correctamente”, argumentó Mario Tapia, abogado patrocinante.
JUNAEB

Algunas de las empresas denunciadas se mantienen como proveedoras, con jurel falsificado, de la dieta incorporada en los establecimientos escolares a través de JUNAEB, agregando al menú de niñas, niños y adolescentes un producto que no es el que se supone que es. Por ejemplo, en uno de los productos traídos desde China existe una diferencia porcentual de 18% de cantidad de sodio, de un 51,4% de grasa y de un 13,2% menor en el caso de la proteína.

Ante esto, Pescadores Industriales del Biobío hizo un llamado a las autoridades a atender la gravedad del problema, así como también a las personas a considerar las diferencias entre el jurel chileno y la especie traída desde China, revisando las etiquetas de los productos.

“El jurel es un patrimonio alimentario chileno, considerado un elemento imprescindible en la dieta de las familias del país, por su costo accesible, alta calidad nutricional y disponibilidad a lo largo de todo Chile. Lo que estamos haciendo es defender un producto del mar que es orgullo chileno, pero, además, denunciando para que las familias sepan que allá afuera hay millones de productos falsificados que no corresponden al verdadero jurel”, explicó Cepeda.

La exconsejera del Consejo de Defensa del Estado comunicó su decisión y sus razones, las que se adelantaban que era por diferencias con el equipo de abogados Lino Disi y Cristian Arias: “Éramos 3 abogados con prácticas profesionales separadas y con distinta orientación”.

Durante la mañana de este miércoles, misma jornada en que se está viendo la audiencia de revisión de medidas cautelares de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, una persona se restó de su equipo defensor. Se trata de María Inés Horvitz, exconsejera del Consejo de Defensa del Estado y ahora exlíder de la representación de Monsalve en la investigación por violación y abuso sexual que hay en su contra, denunciados por una exsubordinada de la Subsecretaría del Interior.

Pasado el mediodía, el comunicado que se preveía apareció, el que también fue enviado al equipo de Monsalve.

“He decidido renunciar a la defensa de Manuel Monsalve, única y exclusivamente por disparidad de criterios estratégico-jurídicos dentro del equipo de defensa técnica“, explicó en primer lugar la exconsejera del CDE, quien argumentó “esta no es una situación anormal considerando que éramos 3 abogados con prácticas profesionales separadas y con distinta orientación, por lo que esta decisión va en directo beneficio del defendido”.

Horvitz continuó, señalando: “Quiero dejar en claro que mi decisión no guarda ninguna relación con mi profunda convicción acerca de que los hechos imputados al señor Monsalve carecen de sustento probatorio en los antecedentes de la investigación conocidos hasta ahora”.

De hecho, enfatizó “que, debido a ello, Manuel Monsalve no es responsable penalmente de los delitos por lo cuales fue formalizado”.

“Mi postura era dar a conocer a la opinión pública los antecedentes que así lo evidenciaban, pues la actuación del Ministerio Público en esta causa —que impidió conocer oportunamente el contenido de la investigación a través de una detención y formalización sorpresivas— sólo ha permitido tener una versión parcial e incompleta de los hechos”, continuó.

“Era mi parecer que ante una afectación brutal de la presunción de inocencia y la categórica condena de nuestro representado por parte de la opinión pública frente a antecedentes parciales filtrados de manera interesada debía actuarse pronto y de modo muy activo. Pero, como señalé, estas diferencias son habituales entre abogados que nunca han trabajado antes de manera conjunta“, explicó.

Y concluyó: “Espero que cuando se conozcan todas las evidencias se pueda reparar en alguna medida el gravísimo daño que se ha sido ocasionado a mi ex representado”.